El diario El Mundo, condenado por las informaciones del edificio Estribor

Última Hora Digital - 25 de mayo de 2007

R.L.
El magistrado-juez de lo penal número 4 de Palma, Carlos Izquierdo Téllez, ha dictado sentencia en la que condena al redactor del diario El Mundo/El Día de Baleares, Miguel Angel Ruíz Coll, y al director del rotativo, Eduardo Inda Arriaga, como autores de un delito continuado de calumnias por las informaciones sobre el «caso Estribor» y el ex alcalde de Maó, el arquitecto Borja Carreras-Moysi.

La condena consiste en la pena de 18 meses/multa, con una cuota diaria de 6 euros, y el pago, por mitades e iguales partes, de las costas procesales del pleito promovido por Borja Carreras como acusación privada. En el ámbito civil, los dos periodistas deberán abonar a Borja Carreras, en concepto de indemnización, la cantidad de 9.000 euros, según el fallo, al que tuvo acceso ayerUltima Hora Menorca , que también declara la responsabilidad civil, directa y solidaria, de Rey Sol SA, empresa editora del diario. Esta sentencia no es firme, dado que puede interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Las informaciones publicadas por este diario entre febrero y marzo de 2003 -según se recoge en los fundamentos de derecho- se sintetizan en que entre finales de 1996 y principios de 1997, Borja Carreras (alcalde de Maó entre 1983 y 1993) se sirvió de una empresa tapadera (Andén de Levante, SL) para comprar al Ajuntament de Maó (julio de 1997) una parcela municipal que él mismo había recalificado como urbanizable, sobre la que construyó un edificio de viviendas, locales y garajes.

El informe de la Policía Judicial señala que la cesión del solar en el año 1969 por el entonces propietario Lorenzo Jover Petrus al Ajuntament de Maó no fue una simple donación, sino una cesión en compensación por quedar liberado de gastos respecto a la urbanización de la calle Carmen y Vía Ronda, urbanización que tenía intención de realizar el propio donante.

«Luego -concluye el juez- no es cierto que el negocio jurídico entonces realizado fuera una pura donación y por tanto informar que fue donación es inexacto porque no se corresponde a lo realmente sucedido». La información periodística relativa a que el equipo de gobierno del Ajuntament de Maó vendió a la empresa tapadera del ex alcalde socialista Borja Careras una parcela municipal para que levantara un bloque de viviendas de 45 viviendas (Edificio Estribor) a sabiendas de que no se podía construir sobre ella «no es que sea inexacta -dice el magistrado- sino que es incierta, falsa; la venta lo es de una parcela sobre la que sí se podía construir, pues así lo establecía el Plan General».

Respecto a la irregularidad entre el volumen de edificabilidad y la superficie construida debe residenciarse en justos términos -indica el juez Izquierdo-: su origen está en el hecho de no haberse realizado las oportunas mediciones antes de la adjudicación municipal, sino posteriormente, como ya dictaminó el perito independiente arquitecto superior Sr. Morey».

El juez señala que «contra lo que dicen los artículos, no se determina la condición del querellante (Borja Carreras) de servirse de un hombre de paja (Martín Peñato), ni la realización de negocios con el patrimonio municipal sirviéndose de una empresa tapadera, ni que se haya hecho con el solar por procedimientos espúreos, que obtuviera unos beneficios milmillonarios, ni, en fin, que su sucesor en el cargo le regalase 1.800 metros cuadrados para construir, son que son las informaciones realizadas con temerario desprecio a la verdad. Todas ellas se orientan directamente a sostener que nos hallamos ante un caso de corrupción urbanística, como se dice expresamente en varios de los artículos, lo que supone afirmar la existencia de un abuso del poder que se detenta, concretamente un abuso del poder cuya finalidad específica es el enriquecimiento personal ilícito de quien lo detenta, orientado en el ámbito urbanístico».

Sobreedificación
Hay un aspecto de la sentencia que llama poderosamente la atención al afirmar que «el origen del exceso de edificabilidad de la parcela a Andén de Levante se halla en que el informe favorable a su propuesta de edificación emitido por el arquitecto municipal Sr. Vilarrubí fue erróneo»


El Periódico - 25/5/2007

'El Mundo', condenado por calumniar al exalcalde de Maó


MARISA GOÑI
PALMA
El Juzgado de lo Penal número 4 de Palma ha condenado a Eduardo Inda y Miguel Ángel Ruiz, director y redactor, respectivamente, de El Mundo-El Día de Baleares, por un delito continuado de calumnias contra Borja Carreras, exalcalde socialista de Maó. La sentencia impone a ambos periodistas sendas multas de 18 meses a 180 euros por mes y una indemnización de 9.000 euros.
El fallo se refiere a una serie de artículos publicados entre febrero y marzo de 2003 en los que se acusaba a Borja Carreras de prácticas corruptas de índole urbanística. Se le imputaba haber usado empresas tapadera para construir viviendas en un parcela no edificable, haberse quedado dos apartamentos y un dúplex en el complejo y haber contado con la complicidad de su sucesor en la alcaldía, Arturo Bagur, para falsear datos del edificio Estribor.
Una vez investigados los hechos, el juez concluye que El Mundo ha incurrido en "un delito continuado de calumnias, por escrito y con publicidad" en un momento delicado para el afectado, ya que se vivía la antesala de la campaña electoral. El magistrado aprecia que el rotativo incurrió en estas prácticas "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad".

TAMBIÉN EN EIVISSA El diario El Mundo, en su edición ibicenca, también fue condenado por "difamación continuada" durante dos años de Pilar Costa, presidenta progresista del Consell de Ibiza y Formentera en la pasada legislatura.
El citado rotativo, que ha recurrido ante el Tribunal Supremo, la acusó de haber adjudicado un concurso a dedo a la SER y haber viajado con las comisiones a Brasil. Por la vía civil, Costa ganó otro pleito sobre el derecho de rectificación contra el diario, que le acusó de beneficiar a su familia. Un posterior auto obligó al rotativo a pagar 600 euros al mes hasta que no rectificara. El Mundo acabó rectificando y recurrió la multa sin éxito, por lo que debe abonar a la justicia más de 30.000 euros.
En esta campaña, El Mundo ha publicitado las conversaciones grabadas por el exsecretario de los socialistas ibicencos, Roque López, quien, defendido por un asesor jurídico del rotativo, denuncia el presunto pago de sobornos al PSOE, que ha respondido con una querella.