Los farsantes se hicieron pasar por empresarios y después se identificaron a los agentes como periodistas de Intereconomía

Francesc Arabí, ValenciaSi el episodio formara parte del guión de un thriller no faltarían críticas a una trama que podría pecar de falta de verosimilitud por exagerada. Pero la realidad, a menudo, supera la ficción. Sucedió ayer en la cafetería del hotel Valencia Palace, antes de las diez de la mañana. Dos agentes del grupo de delitos económicos de la policía judicial procedieron a identificar y detener a dos personas que se habían hecho pasar por empresarios para, supuestamente, tender una trampa al letrado José Luis Vera, cuyo despacho representa a la Unión de Consumidores de España (UCE), que lleva la acusación en el caso Fabra. El abogado, que fue magistrado en la Audiencia Provincial, presentó ayer tarde una denuncia por posibles delitos de «amenazas, coacciones y revelación de secretos de su intimidad» contra los dos falsos industriales, que, al ser identificados por la policía, mostraron un carné de prensa de Intereconomía, grupo mediático ultraconservador. Los agentes los trasladaron del hotel a la comisaría, donde prestaron declaración. Al no constar en esos momentos denuncia judicial, los dos supuestos empleados de Intereconomía no fueron detenidos ni pasaron a disposición judicial. La policía se incautó de un ordenador portátil, una agenda grabadora, que podría llevar incorporada una cámara oculta, así como un anillo de diamantes. Un regalo º que quien se hizo pasar por gerente de la falsa empresa ofreció al abogado como «detalle» para su mujer y que el letrado rechazó tajantemente, antes de avisar a la policía -que vigilaba la escena- del cariz que estaba tomando el asunto, lo cual motivó la intervención de los agentes, que reventaron el montaje contra el que habían preparado un dispositivo la noche anterior al ser alertados por el propio José Luis Vera. La policía devolvió después el material a los presuntos periodistas, según fuentes de la investigación. Se da la circunstancia de que el pasado 13 de septiembre cuatro personas adscritas a informativos de Intereconomía TV protagonizaron un escándalo al complicarle la vida, tras un pleno de la Diputación de Castelló, a una reportera del Caiga quien Caiga, de La Sexta, para evitar que preguntase a Carlos Fabra por la causa que tiene abierta desde hace cinco años en el juzgado de Nules por varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. El rocambolesco capítulo de los presuntos periodistas de investigación metidos a empresarios para tender una trampa, según la denuncia, se produce justo cuando la investigación judicial del caso Fabra -ralentizada por el relevo de ocho jueces y cuatro fiscales y la estrategia dilatoria de la causa seguida por la defensa- se ha reactivado con la irrupción en escena de los peritos de Hacienda y de la Fiscalía Anticorrupción para repasar con lupa los ingresos en cuentas del presidente de la Diputación de Castelló y sus familiares. Este último capítulo de los presuntos cazadores cazados empezó a escribirse el lunes 3 de noviembre, cuando, a eso de las 13 horas, acudieron al despacho profesional Latorre Iuris, donde trabaja Vera, dos personas que se identificaron, en conversación con la secretaria, como Alberto S. P. y Raúl B. Al no poder se atendidos, dejaron una tarjeta de visita en la que Alberto S. P. aparecía como gerente de la empresa FG Facsoil Group, ubicada en la Calle Alberto Marjo, nº 36 de Ciudad Real, distrito postal 13.500. S. P. es empleado de Intereconomía, según fuentes de la investigación, que no confirmaron la identidad de Raúl B. El pretexto de la visita al despacho era contratar a Vera como asesor jurídico de la empresa, que, según dijeron iba a trasladarse a Valencia. Al recibir el recado de la secretaria, Vera llamó a Raúl B. por teléfono y éste le informó del interés que su empresa tenía en contratarle y que acudían a él por «recomendación de Tomás y Valiente». Las dos partes quedaron en verse al día siguiente, ayer, a las 8,30 horas, en la cafetería del Valencia Palace, donde los supuestos empresarios decían alojarse. Sospechas y dispositivo policialPronto sospechó José Luis Vera de las intenciones de los inesperados clientes. Cuando comprobó que la empresa no existía, las identidades no correspondían a ningún administrador y el código postal era de Puertollano. La alusión a Tomás y Valiente, con cuyo padre -asesinado por ETA- Vera tenía una buena relación tampoco le cuadró. Menos que la visita llegara después de que determinados medios publicaran una extraña investigación del fiscal sobre facturas de la construcción de la casa que el letrado y su mujer -la ex diputada y combativa socialista Maria Antonia Armengol- tienen en Siete Aguas. Por eso Vera alertó a la policía judicial la noche del lunes. Y se montó el dispositivo que se saldó con la intervención de los agentes para desbaratar el montaje.Pese a los reiterados intentos de este diario de recabar la versión de Intereconomía TV sobre lo ocurrido, nadie de la emisora quiso dar una explicación, pese a que se comprometieron a hacerlo.Intereconomía regresa a la escenaEl letrado José Luis Vera ha aparecido en un par de ocasiones en el programa Caiga quien Caiga, que emite La Sexta, y que ha dedicado varios reportajes al caso Fabra, como paradigma de la lentitud de la justicia en España. En ambos casos, Vera se ha limitado a explicar, como letrado de la Unión de Consumidores, los delitos de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castelló y los motivos que han ralentizado el proceso. En un momento de la conversación de ayer, antes de intervenir la policía, quien simulaba ser gerente de Facsoil Group, llegó a preguntar a Vera, como si fuera a título de curiosidad, por su intervención en ese programa. Lo que no comentó es que Intereconomía TV tuvo un papel estelar cuando cuatro empleados de la emisora se desplazaron a Castelló para evitar que una reportera del CQC interrogara a Fabra al acabar un pleno. Uno de los que iban ataviados con gorra y gafas de sol era José Antonio Expósito, según el diario «Público». Expósito fue guardaespaldas de Tamayo y Sáez, los tránsfugas que impidieron el gobierno socialista en Madrid en 2003.

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